EL PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Juan Carlos Ospina Rendón
Juan-Ospina
“Justicia retardada, es justicia denegada.”
PLAZO RAZONABLE:
El plazo razonable es un concepto extraído de la Convención Americana de Derechos Humanos, señalado en los artículos 7 “Derecho a la Libertad Personal”, 8 “Garantías Judiciales” y 25 “Protección Judicial” siendo parte del componente de los derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, definido no estrictamente como un lapso de tiempo establecido para la toma de decisiones judiciales, sino como una valoración racional sobre la agilidad, eficiencia y efectividad con que puede contar la decisión en la garantía de los derechos de los sujetos.
En atención a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CORTEIDH, “(…) el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse (…)” pues “(…)una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales.”
Ahora bien, ha señalado la jurisprudencia internacional que en la evaluación del plazo razonable debe tenerse en cuenta los siguientes elementos:
- Complejidad del asunto: Ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando ha de determinarse si el plazo en el cual se surtió la investigación, detención, juzgamiento y decisión fue razonable a la luz de la complejidad del caso que se esta evaluando, sin embargo “(…) es necesario deslindar entre la actividad ejercida con reflexión y cautela justificables, y la desempeñada con excesiva parsimonia, exasperante lentitud, exceso ritual.”. En atención a lo anterior, ha de evaluarse en atención a la protección que emerge internacionalmente que el juzgamiento de una conducta así como la determinación plausible de soluciones a los debates planteados se resuelvan en un periodo prudencial que este adecuado a su complejidad.
- Actividad procesal del interesado: Es necesario e importante que el interesado de las resultas del proceso realice actuaciones tenientes a la búsqueda de resultados prontos. En este sentido se señala la necesidad de que las actividades del interesado hayan sido propicias para que el proceso haya sido ágil, pues resulta que en determinados casos ante la inactividad del peticionario se amplíen los términos de juzgamiento y resolución de procesos. En este sentido ha indicado la Comisión Interamericana en el caso de peticiones individuales que este elemento solo puede ser controvertido a través de la demostración por parte del Estado de las actividades realizadas o no por los peticionarios para impedir la decisión procesal.
- Conducta de las autoridades judiciales: Al respecto se ha señalado preponderante que en la valoración del plazo razonable como elementos de protección en el derecho al debido proceso de los sujetos de la Convención Americana de Derechos Humanos se tenga en cuenta la conducta que ha realizado las autoridades encargadas de los procesos para evitar la inactividad y cumplir con sus deberes por encima de las cautelas justificables y las dificultades propias del caso, siempre que no se hayan producido dilaciones excesivas e injustificadas en las etapas del proceso.
Pese a lo anterior, las creaciones jurisprudenciales relativas a la explicación de los elementos y conceptos del plazo razonable fueron basadas por la CORTEIDH en las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos por la equivalencia del artículo 6 del convenio europeo con el artículo 8.1 de la Convención Americana, teniendo en cuenta entre otras las sentencias de “(Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30)”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la existencia del concepto de plazo razonable, así como los elementos para la evaluación de su cumplimiento, buscan que “(…) la afectación de los derechos de la persona, por acción o abstención del Estado, no se prolongue injustificadamente hasta generar condiciones de injusticia, inequidad o inseguridad jurídica.” y que dado que las condiciones propias de los procesos judiciales en todos los países que han firmado la convención americana de derechos son diferentes, pero deben fundarse en conceptos comunes en relación con la convencionalidad de las mismas, los Estados deben propender por actuar de manera diligente en los procesos relacionados con las personas a su cargo y proteger la materia esencial del debido proceso en un estado democrático así como el acceso efectivo a la administración de justicia.
Igualmente en los votos razonados ha quedado claro relaciones divergentes respecto de los conceptos y elementos determinados por la CORTEIDH, que dan lugar a la revisión crítica que se efectuará en un documento posterior, sobre el concepto de plazo razonable en el sistema jurídico Colombiano, y en las cuales se ha indicado la necesidad de establecer un cuarto elemento para establecer la razonabilidad del plazo en el juzgamiento denominado “(…) afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes --es decir, la situación jurídica-- del individuo (…)” indicando que el plazo razonable además debe ser determinado teniendo en cuenta que lo que se pretende repulsar es la afectación actual y concreta que puede estar sufriendo el sujeto, con lo que incluso se pueden señalar términos cortos y expeditos para la solución de controversias. Este elemento aparentemente resulta re-evaluado en el caso Colombiano ante la exigencia de un plazo razonable en la interposición de la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, sustentado en el principio de inmediatez, como veremos a continuación.
EL PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA:
El concepto de plazo razonable ha sido tomado y utilizado por la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Suprema de Justicia para referirse a una característica esencial de derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Para los efectos del presente estudio, se realizará una valoración de las sentencias C-1154 de 2005 y T-1025 de 2007 expedidas por la Corte Constitucional, así como la sentencia 32791 de 2009 expedida por la Corte Suprema de Justicia, que guardan relación directa con el concepto en disertación.
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional: Plazo Razonable y el Bloque de Constitucionalidad.
Sentencia C-1154 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa:
Ha señalado la Corte Constitucional que “Los plazos que rigen el procedimiento penal se han establecido como un mecanismo procesal encaminado a satisfacer los presupuestos del derecho sustancial. Dichos plazos tienen un sentido específico que en todo caso han de satisfacer los criterios derivados de los principios de igualdad, debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad asociados al principio de neutralidad procesal, protegido no solamente en la Constitución colombiana sino también en los tratados de Derechos Humanos de los cuales hace parte Colombia. “
Señala la Corte que en la determinación de situaciones no efectivas en la garantía de los derechos de los sujetos por los tiempos utilizados para la decisión de los procesos señaló que las autoridades deben tener en cuenta la naturaleza del delito imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de sindicados y los efectos sociales que de éste se desprendan tal y como lo había señalado en la sentencia C-411 de 1993, sin embargo, a la hora de determinar la razonabilidad de los plazos utilizados para la decisión de los procesos penales señalo que en atención a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tenerse en cuenta la i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades públicas, así como la importancia del litigio para el interesado y el análisis global del procedimiento teniendo en cuenta lo señalado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sentencia T-1025 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa:
La Corte Constitucional en estudio de la situación de la Comunidad de Paz de san José de Apartado con relación al conocimiento de unos hechos violentos, realizo un examen en relación con el estatuto de Roma, relacionando el concepto de demora injustificada dispuesto en el literal b del numeral 2 del articulo 17, y luego refiere a la aplicación de la interpretación efectuada por la CORTEIDH en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cita la sentencia de Genie Lacayo vs. Nicaragua, del 29 de enero de 1997, en la que afirma “(…) se creó esa línea jurisprudencial acerca del plazo razonable (…)” y cita el párrafo 77 de dicha sentencia en el cual se establecen los elementos de: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales; para establecer el cumplimiento de razonabilidad de los plazos en las decisiones procesales.
En estos casos, la Corte Constitucional plantea la coherencia convencional del entramado constitucional colombiano con relación al artículo 29 de la carta fundamental, haciendo uso del bloque de constitucionalidad stricto sensu teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos como amplitud a la relación existente con el entramado constitucional.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal:
Sentencia 32791 de 2009 M.P. Yesid Ramírez Bastidas:
Luego de citar la sentencia C-1154 de 2005 expedida por la Corte Constitucional, la Corte Suprema señala como elemento del debido proceso el concepto de “plazo razonable” previsto en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos indicando que esta así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos toma en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales y cita las sentencias de “Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Caso Cantos vs. Argentina, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. En igual sentido Caso 19 Comerciantes vs. Colombia; Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros. Y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jorge A. Giménez vs. Argentina, dictamen de la Comisión.”, e indica adicionalmente que precisamente el objetivo de las disposiciones de la convención americana son las de “(…) que las cargas que el proceso penal conlleva para el individuo no se prolonguen continuamente en el tiempo y causen daños permanentes” citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el dictamen del 1° de marzo de 1996 en el caso de Jorge A. Giménez vs. Argentina.
POSICIÓN CRÍTICA:
El concepto de plazo razonable utilizado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia tiene similitud en contenido, y en aplicación por los temas propios que se deciden en sus instancias, además de los tres elementos comunes a la determinación del plazo razonable se mantienen y confirman a nivel interno, salvaguardando el posicionamiento convencional y su relación con las garantías de los sujetos.
Ahora bien, en un estudio pormenorizado de la utilización del concepto de plazo razonable se puede evidenciar una divergencia existente en el tratamiento respecto de la posibilidad de repulsar por vía de acción de tutela una situación que puede generar un perjuicio irremediable. En este sentido, se guarda una relación entre el contenido del principio de inmediatez con el derecho de acceso a la administración de justicia, siendo que, como se ha aplicado en esta materia, principalmente por la Corte Suprema de Justicia, se toman seis meses desde el acto violatorio para la exigencia por vía de tutela, como mecanismo transitorio, en la protección de los derechos humanos.
Por lo anterior, existe un imprudente uso del concepto de plazo razonable, amparado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Aguas Tigni, sentencia del 31 de agosto e 2001, párrafos 132 y 134, en el que se estipuló una medida de seis meses como límite a la inmediatez para evitar un perjuicio irremediable, que será objeto de un ejercicio académico posterior.
“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
